Publicat a El País (06-12-2006)
"Permanecen dificultades fundamentales en la tutela de los derechos de los padres, de los profesores y de la Iglesia". Con este eufemismo subrayó ayer la Conferencia Episcopal sus desacuerdos con el Gobierno sobre la enseñanza de catolicismo en la escuela pública. Por la mañana se había extendido la idea de que el acuerdo estaba maduro a mayor satisfacción de los prelados, pero poco a poco fueron enfriándose los ánimos, hasta que la Oficina de Información episcopal adelantó, a las 16,15 horas, que los prelados quedaban finalmente insatisfechos. Un comunicado posterior argumentaba por qué, con esta razón en cabeza: "La LOE no recoge adecuadamente lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, cauce por el que se hace efectivo el derecho constitucional de libertad religiosa para los católicos".
Desde el 3 de enero de 1979, fecha de la derogación del extravagante Concordato nacionalcatólico de 1953 y de la firma de nuevos Acuerdos España-Estado vaticano, ningún gobierno ha podido satisfacer ni la mitad de las reclamaciones episcopales. No lo hizo el Gobierno de Adolfo Suárez, pese a tener ministros de Educación democristianos; mucho menos, los ejecutivos de Felipe González; y tampoco quiso hacerlo José María Aznar antes de perder las elecciones el PP (su reforma educativa, pese a gobernar ocho años, fue tan tardía que no había entrado en vigor cuando volvió al poder el PSOE, de la mano de Rodríguez Zapatero).
Tampoco se resolvió en todo ese tiempo el conflicto de la financiación de la Iglesia católica vía impuestos de los españoles -sean católicos o no-, y, sin embargo, los obispos acaban de lograr un acuerdo muy satisfactorio para ellos, que les libera "indefinidamente" del compromiso de autofinanciarse, obligado por los Acuerdos de 1979.
El episcopado querría que la asignatura de religión y moral católica tuviese el mismo rango que las matemáticas. Exige, además, que los alumnos que no escogen religión tengan que acudir a la misma hora a otra clase de igual nivel que las matemáticas -"¿No es como si me obligaran a ir al fútbol a la hora de misa porque otros quieren ir a la iglesia?", replicaban hasta ahora los socialistas-. Y, al mismo tiempo, pretenden que los docentes de catolicismo sean en realidad sus catequistas, es decir, personas seleccionadas y despedidas a discreción por los prelados, aunque contratadas y pagadas religiosamente por el Estado.
Un ex alto cargo socialista, que durante años negoció sobre estas cuestiones, resumía ayer la situación: "Los gobiernos deben saber que a los obispos les das un pedazo y lo exigen entero. Ellos creen que los Acuerdos de 1979 son supraconstitucionales, que están por encima de todas las demás leyes".
"Permanecen dificultades fundamentales en la tutela de los derechos de los padres, de los profesores y de la Iglesia". Con este eufemismo subrayó ayer la Conferencia Episcopal sus desacuerdos con el Gobierno sobre la enseñanza de catolicismo en la escuela pública. Por la mañana se había extendido la idea de que el acuerdo estaba maduro a mayor satisfacción de los prelados, pero poco a poco fueron enfriándose los ánimos, hasta que la Oficina de Información episcopal adelantó, a las 16,15 horas, que los prelados quedaban finalmente insatisfechos. Un comunicado posterior argumentaba por qué, con esta razón en cabeza: "La LOE no recoge adecuadamente lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, cauce por el que se hace efectivo el derecho constitucional de libertad religiosa para los católicos".
Desde el 3 de enero de 1979, fecha de la derogación del extravagante Concordato nacionalcatólico de 1953 y de la firma de nuevos Acuerdos España-Estado vaticano, ningún gobierno ha podido satisfacer ni la mitad de las reclamaciones episcopales. No lo hizo el Gobierno de Adolfo Suárez, pese a tener ministros de Educación democristianos; mucho menos, los ejecutivos de Felipe González; y tampoco quiso hacerlo José María Aznar antes de perder las elecciones el PP (su reforma educativa, pese a gobernar ocho años, fue tan tardía que no había entrado en vigor cuando volvió al poder el PSOE, de la mano de Rodríguez Zapatero).
Tampoco se resolvió en todo ese tiempo el conflicto de la financiación de la Iglesia católica vía impuestos de los españoles -sean católicos o no-, y, sin embargo, los obispos acaban de lograr un acuerdo muy satisfactorio para ellos, que les libera "indefinidamente" del compromiso de autofinanciarse, obligado por los Acuerdos de 1979.
El episcopado querría que la asignatura de religión y moral católica tuviese el mismo rango que las matemáticas. Exige, además, que los alumnos que no escogen religión tengan que acudir a la misma hora a otra clase de igual nivel que las matemáticas -"¿No es como si me obligaran a ir al fútbol a la hora de misa porque otros quieren ir a la iglesia?", replicaban hasta ahora los socialistas-. Y, al mismo tiempo, pretenden que los docentes de catolicismo sean en realidad sus catequistas, es decir, personas seleccionadas y despedidas a discreción por los prelados, aunque contratadas y pagadas religiosamente por el Estado.
Un ex alto cargo socialista, que durante años negoció sobre estas cuestiones, resumía ayer la situación: "Los gobiernos deben saber que a los obispos les das un pedazo y lo exigen entero. Ellos creen que los Acuerdos de 1979 son supraconstitucionales, que están por encima de todas las demás leyes".
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