Ayer el Consejo de Ministros aprobó el paquete de medidas fiscales que el Gobierno ha impulsado tras una larga polémica y una estrategia de comunicación del Ejecutivo que se me antoja un tanto errática, indefinida y un tanto torpe.
Desde la izquierda, me sorprende que algunas voces del gobierno socialista hayan expresado repetidamente su satisfacción de que España sea el país que tenga una de las presiones fiscales más bajas de la Unión Europea.
Esto, que sería un clásico en un partido de corte liberal, pero desde una perspectiva socialdemócrata, me parece un tanto sorprendente, ya que la socialdemocracia en Europa se ha caracterizado, precisamente, por haber aumentado la presión fiscal con el fin de expandir y enriquecer las transferencias y los servicios públicos del estado de bienestar que contribuyen a enriquecer la calidad de vida de toda la ciudadanía y reducir las desigualdades sociales mediante un desarrollo del gasto público.
Esto ha sido así en los países con un menor índice de desigualdad una media en torno al 30%, y donde su carga fiscal representa un 52% del PIB. No es casual, sino todo lo contrario que en estos países, sus economías presenten una mayor eficiencia y unas menores tasas de desempleo, que se encuentran entre las más bajas de la UE y la OCDE.
Por el contrario, en los países con una menor carga fiscal y menor gastos público, las desigualdades sociales y el paro son mayores.
España, que se encuentra entre estos últimos, continúa teniendo uno de los estados del bienestar menos desarrollados de la UE, e incluso de la UE-15.
La subida de impuestos anunciada por el Gobierno Zapatero, se mostraba pues como una acción de corrección de esta tendencia enmarcada en la política de aumento del gasto público que ha afrontado el gabinete desde ámbitos distintos en los últimos meses y que han tenido, un efecto positivo, aunque insuficiente, en la desaceleración de la crisis.
La cuestión es clara. Los impuestos son una estrategia de reducción de las desigualdades y de impulso para el aumento de la financiación del gasto social y por tanto, su contribución a la salida de la crisis y a la creación de empleo es positiva.
No obstante, en la subida de impuestos anunciada por el gobierno hay elementos contradictorios y una cierta sensación de temor a hacer lo que se debe hacer.
La supresión de la promesa electoral de una deducción de los 400 € del IRPF, perjudica a las rentas medias y bajas, aunque es cierto que su planteamiento fue erróneo desde una óptica de fiscalidad progresiva al igualar en la deducción a todos los contribuyentes, fuera cual fuera su renta.
La subida anunciada del IVA del 16% al 18% en el tipo general y del 7% al 8%, es por su parte una medida fiscal de corte conservador, ya que afecta al consumo con independencia de la renta. Está claro que es la medida más fácil de tomar aunque no se si la más oportuna en unos momentos en que lo que se necesita es incentivar el consumo para reactivar la economía en un momento de recesión.
La promesa de mantener intacto el tipo del 4% que se aplica a productos básicos es positivo aunque habría que haberse aprovechado la oportunidad para incluir en este tipo hechos imponibles que hubiesen dado a la subida del IVA un sesgo más social.
Es positivo el anuncio de una rebaja fiscal que beneficia a las empresas. Se trata de una reducción de cinco puntos (del 25% al 20%) en el impuesto de sociedades para las pequeñas y medianas empresas que mantengan el empleo o lo incrementen.
Para acogerse a esta reducción, deberán tener menos de 25 trabajadores y facturar un máximo de 5 millones de euros. Asimismo se anuncia que se articulará una medida similar en el IRPF para los autónomos.
¿Y que pasa con las rentas más altas?. ¿Qué medidas prevé el gobierno para redistribuir la renta de los más ricos hacia una reducción de las desigualdades?
Pues bien, la única novedad que se atiene claramente al principio de que las rentas altas hacen el mayor esfuerzo corresponde a la tributación del capital.
Este impuesto recupera cierta progresividad respecto a los cambios introducidos en 2007, pues quienes declaren rendimientos del ahorro inferiores a 6.000 euros (el 94% de los contribuyentes con rentas del capital, según los datos de Hacienda) pagarán desde 2010 un 19%, frente al 18% actual. Para los de mayores ingresos, la subida llegará al 21%. La incidencia de esta medida será escasa ya que esos cambios elevarán la recaudación sólo 800 millones de euros.
Por lo pronto eso es lo que hay.
Pienso que el Gobierno, en tiempos de crisis tiene que pedir un esfuerzo adicional a los más ricos (hago mías las palabras del Presidente y de los altos dirigentes del PSOE) aunque por lo que se ve, la subida anunciada de impuestos es un pack en el que el impacto mayor se lo llevarán las rentas medias y bajas y donde la asignatura pendiente de la reducción de la desigualdad vía progresividad fiscal, es parcial, se enfrenta con poca valentía política y deja indemnes, o casi, a las rentas más altas.
Como dijo en su día el Presidente Franklin D. Roosevelt, “hasta ahora sabíamos que la excesiva acumulación de riqueza, resultado de la avaricia, era un mal moral. Ahora sabemos que es también un mal económico”.
Una oportunidad perdida en la que el Gobierno ha demostrado tener una escasa cintura socialdemócrata, la única alternativa, tras el palmario y rotundo fracaso de las recetas neoliberales (causantes únicas del desastre en el que nos encontramos), para salir de esta crisis.
Desde la izquierda, me sorprende que algunas voces del gobierno socialista hayan expresado repetidamente su satisfacción de que España sea el país que tenga una de las presiones fiscales más bajas de la Unión Europea.
Esto, que sería un clásico en un partido de corte liberal, pero desde una perspectiva socialdemócrata, me parece un tanto sorprendente, ya que la socialdemocracia en Europa se ha caracterizado, precisamente, por haber aumentado la presión fiscal con el fin de expandir y enriquecer las transferencias y los servicios públicos del estado de bienestar que contribuyen a enriquecer la calidad de vida de toda la ciudadanía y reducir las desigualdades sociales mediante un desarrollo del gasto público.
Esto ha sido así en los países con un menor índice de desigualdad una media en torno al 30%, y donde su carga fiscal representa un 52% del PIB. No es casual, sino todo lo contrario que en estos países, sus economías presenten una mayor eficiencia y unas menores tasas de desempleo, que se encuentran entre las más bajas de la UE y la OCDE.
Por el contrario, en los países con una menor carga fiscal y menor gastos público, las desigualdades sociales y el paro son mayores.
España, que se encuentra entre estos últimos, continúa teniendo uno de los estados del bienestar menos desarrollados de la UE, e incluso de la UE-15.
La subida de impuestos anunciada por el Gobierno Zapatero, se mostraba pues como una acción de corrección de esta tendencia enmarcada en la política de aumento del gasto público que ha afrontado el gabinete desde ámbitos distintos en los últimos meses y que han tenido, un efecto positivo, aunque insuficiente, en la desaceleración de la crisis.
La cuestión es clara. Los impuestos son una estrategia de reducción de las desigualdades y de impulso para el aumento de la financiación del gasto social y por tanto, su contribución a la salida de la crisis y a la creación de empleo es positiva.
No obstante, en la subida de impuestos anunciada por el gobierno hay elementos contradictorios y una cierta sensación de temor a hacer lo que se debe hacer.
La supresión de la promesa electoral de una deducción de los 400 € del IRPF, perjudica a las rentas medias y bajas, aunque es cierto que su planteamiento fue erróneo desde una óptica de fiscalidad progresiva al igualar en la deducción a todos los contribuyentes, fuera cual fuera su renta.
La subida anunciada del IVA del 16% al 18% en el tipo general y del 7% al 8%, es por su parte una medida fiscal de corte conservador, ya que afecta al consumo con independencia de la renta. Está claro que es la medida más fácil de tomar aunque no se si la más oportuna en unos momentos en que lo que se necesita es incentivar el consumo para reactivar la economía en un momento de recesión.
La promesa de mantener intacto el tipo del 4% que se aplica a productos básicos es positivo aunque habría que haberse aprovechado la oportunidad para incluir en este tipo hechos imponibles que hubiesen dado a la subida del IVA un sesgo más social.
Es positivo el anuncio de una rebaja fiscal que beneficia a las empresas. Se trata de una reducción de cinco puntos (del 25% al 20%) en el impuesto de sociedades para las pequeñas y medianas empresas que mantengan el empleo o lo incrementen.
Para acogerse a esta reducción, deberán tener menos de 25 trabajadores y facturar un máximo de 5 millones de euros. Asimismo se anuncia que se articulará una medida similar en el IRPF para los autónomos.
¿Y que pasa con las rentas más altas?. ¿Qué medidas prevé el gobierno para redistribuir la renta de los más ricos hacia una reducción de las desigualdades?
Pues bien, la única novedad que se atiene claramente al principio de que las rentas altas hacen el mayor esfuerzo corresponde a la tributación del capital.
Este impuesto recupera cierta progresividad respecto a los cambios introducidos en 2007, pues quienes declaren rendimientos del ahorro inferiores a 6.000 euros (el 94% de los contribuyentes con rentas del capital, según los datos de Hacienda) pagarán desde 2010 un 19%, frente al 18% actual. Para los de mayores ingresos, la subida llegará al 21%. La incidencia de esta medida será escasa ya que esos cambios elevarán la recaudación sólo 800 millones de euros.
Por lo pronto eso es lo que hay.
Pienso que el Gobierno, en tiempos de crisis tiene que pedir un esfuerzo adicional a los más ricos (hago mías las palabras del Presidente y de los altos dirigentes del PSOE) aunque por lo que se ve, la subida anunciada de impuestos es un pack en el que el impacto mayor se lo llevarán las rentas medias y bajas y donde la asignatura pendiente de la reducción de la desigualdad vía progresividad fiscal, es parcial, se enfrenta con poca valentía política y deja indemnes, o casi, a las rentas más altas.
Como dijo en su día el Presidente Franklin D. Roosevelt, “hasta ahora sabíamos que la excesiva acumulación de riqueza, resultado de la avaricia, era un mal moral. Ahora sabemos que es también un mal económico”.
Una oportunidad perdida en la que el Gobierno ha demostrado tener una escasa cintura socialdemócrata, la única alternativa, tras el palmario y rotundo fracaso de las recetas neoliberales (causantes únicas del desastre en el que nos encontramos), para salir de esta crisis.
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