28.6.08

El derecho a darse de baja de la Iglesia Católica


La iglesia católica manifiesta contar con muchos más fieles de los que en realidad congrega. Para alimentar esta colosal falacia, recurre a su método reiterado: quebrantar la ley. Así, se resiste a tramitar las solicitudes de baja, para exhibir unas cifras embaucadoras y obtener con ello los beneficios que todos conocemos.
El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Jesús Alberto Messía de la Cerda Ballesteros, ha publicado un excelente estudio sobre el derecho de todo ciudadano a la apostasía, en concreto, a cancelar sus datos como miembro de la iglesia romana (Actualidad Administrativa, nº 1; 1-15 de junio 2008, Editorial LA LEY).

En la exposición se reseñan las sentencias 396/2006 y 199/2006 emanadas de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, resolviendo sendos recursos por los cuales se instaba a un arzobispado a expedir la cancelación del asiento de bautismo, habida cuenta la intención del recurrente de causar baja en dicha organización religiosa.

Esta manifestación de voluntad debía tener reflejo formal en los archivos eclesiásticos, en virtud de lo prevenido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Los obispos, con evidente afán obstruccionista, alegaban que la LOPD no resultaba de aplicación ya que “los libros bautismales, en realidad no son archivos”.

También argüían, en cínica contradicción, que el Concordato proclama la inviolabilidad de los archivos eclesiásticos. Pero los argumentos de los obispos eran tan inconsistentes e impúdicos que fueron rechazados.

Por el contrario, el artículo 4,3 de la LOPD determina que “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día, de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. En igual sentido, la Directiva 95/46/CE de 24 de octubre.

Además, el Tribunal Constitucional en sentencias de 292/2000 y 141/2000 ha confirmado que, en materia de libertad religiosa, se impone el deber de actualización de datos. Es obvio que los libros bautismales constituyen un caso claro de fichero en el que se incluyen datos personales. Esta circunstancia justifica de por sí la aplicación de la LOPD, sin que el Concordato lo evite, pues los acuerdos con la iglesia romana deben interpretarse a la luz de la Constitución y el ordenamiento jurídico español.

Por supuesto, la iglesia católica va a seguir entorpeciendo el derecho a darse de baja de sus filas, pero la ley y la razón están de nuestra parte y hay que exigir su cumplimiento frente a los vulneradores. Urgen campañas masivas que conciencien a la ciudadanía para darse de baja de esta institución cuyo parecido con el cristianismo primitivo no se vislumbra ni con microscopio. Confiemos y trabajemos para que pronto, el solicitar la baja de la iglesia católica sea un acto habitual.

7.6.08

Contra las tinieblas



El Estado español no reconoce una religión oficial pero reserva privilegios para la comunidad de creyentes de la Iglesia católica La Lliga per la Laïcitat ha preparado una campaña de actuación orientada a los estudiantes de secundaria y bachillerato denominada "Per una Educació Laïca"
En breve los centros educativos recibirán los materiales didácticos en los que esta asociación trata de definir con palabras sencillas y claras qué es la laicidad. Diré ya de entrada que esta asociación aboga por una laicidad activa (no por una mera aconfesionalidad neutra), pues consideran que sólo si un gobierno tiene la posibilidad de injerencia democrática en la vida de las confesiones religiosas puede garantizar que las enseñanzas de estas no contradigan los valores de la convivencia en libertad.
El Estado español es un Estado no confesional, lo que significa que, aunque no reconoce una religión oficial, reserva determinados privilegios para la comunidad de creyentes de la Iglesia católica.
Por eso el Estado español mantiene en vigor, por poner un ejemplo, el famoso concordato con la Santa Sede.
Por eso de vez en cuando los políticos participan públicamente en actos religiosos; por eso la monarquía sigue a pies juntillas los dictados de la Iglesia en sus ceremonias, pese a que la legitimidad de nuestro Monarca nace de la Constitución de 1978 y no de la tradición de la monarquía católica. Y por eso, en fin, durante años hemos tenido una pintoresca asignatura: alternativa a la religión, cuyo nombre lo dice todo...
La aspiración de la Lliga per la Laïcitat es superar este estado de cosas y liberar la esfera pública de toda influencia religiosa: desde la escuela, que debería ser un espacio público destinado a promover el pensamiento libre y la capacidad crítica de los alumnos, hasta el matrimonio, que debería ser sólo válido cuando es civil, sin perjuicio de que cada cual contraiga nupcias en el templo de su confesión. La asociación tiene también propuestas concretas: que se forme una comisión parlamentaria de la laicidad que garantice la ausencia de hegemonía de una corriente de pensamiento sobre las demás; y que se elabore una declaración europea del laicismo.
Lo cierto es que esta labor didáctica, en un país como el nuestro, resulta de lo más necesaria. Las constantes injerencias de la Iglesia en lo político han sembrado innumerables paradojas que confunden a la mayoría de los ciudadanos, que no tenemos claras las relaciones entre ambos terrenos. Son muchos, además, los que piensan en términos de dualidad religioso/ laico, olvidando que en su momento el Estado español optó por una tercera vía, la de Estado no confesional, algo difícil de entender especialmente por los jóvenes que no vivieron la transición. Bien está que esta campaña, aparte de declarar sus aspiraciones a un Estado laico, trate de poner los puntos sobre las íes.
Para los que nos sentimos acosados por integrismos de todo tipo, para los que tenemos la impresión de que el mundo se aleja cada vez más del laicismo que emanó del siglo de las luces (tanto que hasta Nicolas Sarkozy, presidente del país donde esas luces se encendieron por vez primera se ha sacado de la manga el sospechoso concepto de "laicismo positivo"), propuestas de este tipo nos resultan convincentes.
Yo, por lo menos, no conozco otras que posibiliten el regreso a un camino de respeto y tolerancia. Y sólo así, es decir, propugnando poner en pie mecanismos concretos, será posible preservar una auténtica libertad de culto y, lo que es más, una auténtica libertad de pensamiento, ahora que la libertad de los que no rinden culto alguno, heterodoxos, herejes y librepensadores, parece estar en permanente regresión.

6.6.08

¿El Gobierno tiene miedo de la Iglesia?

EL PÚBLICO 01/61/2008 Jordi Serrano Blanquer

La izquierda española actual nunca ha entendido por qué el movimiento obrero y la historia cultural pedagógica y política de la izquierda eran anticlericales. Creemos que en los últimos meses bastante gente ha empezado a entender retrospectivamente que aquellos pobres obreros de los siglos XIX y XX que no habían podido estudiar probablemente tenían razón.
¿Qué sabían aquellos jóvenes que no sabemos ahora? (La gallina ciega, Max Aub) Seguramente que sólo la Iglesia puede nuclear una potente extrema derecha en España.Cuando oímos clamar a la Conferencia Episcopal Española (CEE) contra los excesos laicistas del Gobierno de España de Rodríguez Zapatero empezamos a intuir que la reacción que tuvo durante la república era igualmente desproporcionada. En realidad Rodríguez Zapatero ha aumentado del 0,5% al 0,7% el dinero de la Iglesia.
¿Dónde está el laicismo radical de Zapatero?
No entendemos por qué las elites políticas de la izquierda española aun piensan que sus votantes son reos de la CEE. Pensamos que la sociedad ya no es católica o lo está dejando de ser a marchas forzadas por muchos tópicos que se repitan.
Veamos. La CEE dice que el 90% de españoles son católicos.
El CIS rebaja estas cifras al 76%. Ciencia y religión en España nunca han ido de la mano.
Pero si preguntamos a los españoles si son religiosos sólo nos dicen que lo son un 41% (se sitúan entre el 0 y el 4 en una escala de 10), por lo que deducimos que muchos españoles –un 35%– que se consideran católicos porque los bautizaron sin preguntarles, se consideran no religiosos. ¡Sorprendente! Spain is different. Pero además, si profundizamos vemos cómo sólo se declaran católicos practicantes un 36% y si preguntamos cuántos van a misa regularmente veremos que sólo lo hace un 15%. (Por cierto, ¿Unos socialistas no practicantes serían Carlos Solchaga y David Taguas?)
Si hacemos el mismo ejercicio con los jóvenes españoles nos daremos cuenta de las causas del nerviosismo de la CEE. Sólo un 49% de jóvenes se declara católico (Fundación Santa María). Que se declaren católicos practicantes un 10% y que asistan semanalmente a misa, menos del 4%. Qué lejos están estos datos de la idea tan extendida de una España católica.
Pero hay más. Si analizamos cuánta gente pone la crucecita en la Iglesia católica en la declaración de la renta, vemos que son sólo un 22%.
Aprovechamos para denunciar como anticonstitucional que en un documento público se haga declarar sobre la conciencia individual: el artículo 16 de la Constitución dice que “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Y se te hace declarar ni más ni menos en la declaración de la renta. Pero hay más, si pones las dos crucecitas significa no que se reparte el 0,7 la mitad para otros fines y la mitad para la Iglesia, sino el 0,7 a cada opción. Un escándalo.
Más escándalo, que un 20% del dinero destinado a “Otros fines sociales” va a parar también a la Iglesia católica a organizaciones tan curiosas como “Juventudes Marianas Vicencianas”, “Mercedarios provincia de Castilla”, “Ministros de los Enfermos Religiosos Camilos orden en España”, “Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad”, “Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina”, “Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl” por poner sólo las más chocantes.
Parece ahora que hay quien quiere colarnos la idea que poner más casillas para todas las confesiones es laicidad.
No.
Laicidad, separación real de la Iglesia y el Estado, es que los creyentes de cada religión se paguen a sus funcionarios al margen de los presupuestos generales del Estado.
Además o se va al laicismo o vamos al sistema belga, esto es, que hartos ya de tanto privilegio a las confesiones religiosas al final, los laicos, querremos una casilla en la declaración de la renta que diga “a fines laicos de verdad”. Que quede claro que no nos gusta este modelo, pero la falta de decisión acerca de cuestiones de valores nos puede conducir al desastre.
Pero que nadie crea que esta minoría de ciudadanos que se declaran católicos practicantes sean seguidores de la CEE, la mayoría no les hace ni caso en su vida cotidiana y muchos de ellos están más próximos a la iglesia de San Carlos Borromeo de Vallecas y al obispo Pere Casaldàliga.
¿Sobre cuanta gente tiene poder pues la CEE? Solamente sobre los votantes del centro… de la extrema derecha. ¿Un 10%?
Podemos afirmar que por mucho que la CEE pida el voto para la extrema derecha no tiene ningún impacto sobre la mayoría de la población.
¿Por qué hay tanto miedo?
El problema de España no ha sido nunca espiritual sino el poder de la Iglesia.
Carles Cardó, quien fue secretario de Vidal i Barraquer uno de los pocos obispos que no quiso colaborar con la cruzada, escribió en el libro El gran refús: “La turbas no quemaron las iglesias sino después que aquellos sacerdotes hubieran quemado la Iglesia”.
Lo que hay que hacer es denunciar ya el concordato de 1953 firmado por el ministro Martín Artajo en nombre de Francisco Franco y los acuerdos concordatarios de 1976 y 1979. Acuerdos que nos asemejan más a países teocráticos como Irán o Arabia Saudita que a un país civilizado. Sin este requisito, la anunciada modificación de la ley de Libertad Religiosa es un engaño total.
Defendemos la asignatura Educación para la Ciudadanía porque entendemos que el estado tiene que educar en los valores democráticos, ahora bien, esto no nos puede hacer perder de vista la idea de que hay que acabar de una vez con la asignatura de religión en las escuelas, pero para ello hay que derogar el concordato de 1953 y los acuerdos concordatarios de 1979.
¿Aprenderemos de nuestro pasado e intentaremos de una vez la separación de la Iglesia del Estado? ¿Nadie escuchó las demandas de los votantes en los mítines? No tendremos una democracia verdadera sin tutelas mientras los diputados que representan a una amplia mayoría en el país no se atrevan a derogar el concordato.
¿La soberanía no residía en la voluntad popular?