Estamos viendo estos días una enorme avalancha por parte del establishment europeo, acentuando la necesidad y urgencia de que los PIGS (Portugal, Irlanda Grecia y España) sigan políticas de gran austeridad de gasto público moderando a su vez sus salarios a través de una gran desregulación de sus mercados de trabajo, que en la práctica significa posibilitar una gran reducción salarial.
Cuando los economistas liberales hablan de la necesidad de hacer sacrificios con el objetivo de salir de la crisis, siempre proponen medidas que afectan de forma predominante a las clases medias y esta apelación al sacrificio de la mayoría ha sido una constante en la construcción de Europa y del euro.
Así, cuando se tomó la decisión de que España entrara el euro, se tomaron una serie de medidas que afectaron significativamente al gasto público y a la caída de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, mientras que las rentas del capital crecieron significativamente.
En realidad, la integración monetaria se utilizó para que las clases populares aceptaran hacer los sacrificios que aquellas élites liberales exigían.
Como escribió el economista liberal Xavier Sala i Martín, “la excusa de que Europa lo requería fue muy útil para hacer las reformas” (La Vanguardia, 17-02-10).
Ahora, de nuevo, todas estas medidas se presentan necesarias para ayudarnos a salir de la Gran Recesión y evitar también el contagio a otros países de la UE y, por ende, cuestionar la propia existencia de la unidad monetaria y del euro.
En este sentido, el paquete de medidas tomadas por el Gobierno Zapatero en el Real Decreto aprobado en la “Semana Trágica” creo que son un buen ejemplo de ello, ya que han obedecido al diktat del establishment económico y financiero internacional y a la presión del Directorio Europeo y de los grandes inversores financieros internacionales, y en concreto a las exigencias de los Estados Unidos y la China.
Todos ellos indican que hay que reducir el déficit y la deuda pública que según dicen, están impidiendo la recuperación económica.
Pero el mayor problema que tiene la economía española, y también la Unión Europea, no es ni el déficit ni la deuda pública sino el elevado desempleo.
Creer que bajando el déficit y la deuda van a reducir el desempleo es no entender cuál ha sido la causa del enorme crecimiento del desempleo, ya que no es el déficit el que ha creado el elevado desempleo sino precisamente al revés.
Pero no es sólo eso, sino que en realidad, al disminuir el déficit crecerá el desempleo, empeorando todavía más el problema y retrasando su recuperación económica.
Ya le pasó en su día al Presidente Roosevelt en 1937, cuando al creerse que estaba ya remontando la economía, saliendo de la Gran Depresión, redujo el déficit recortando el gasto público. La reducción tuvo un impacto inmediato: el desempleo creció de nuevo, y esto es lo que ocurrirá en la UE y en España.
El mensaje que se transmite con esta avalancha catastrofista es que los países periféricos, debido a su indisciplina por un lado, y excesiva exhuberancia del gasto público, por el otro, han creado un enorme problema de exceso de deuda (tanto pública como privada), que dificulta la salida de la recesión, no sólo de ellos, sino de toda la eurozona y de la UE, amenazando la propia viabilidad del euro.
No obstante, hay que saber que la deuda pública española, tanto la existente ahora como la que se prevé en diez años, será menor que la del promedio de la UE (y mucho menor que en EEUU, Gran Bretaña y Japón).
En realidad, más de la mitad del crecimiento del déficit en la mayoría de países de la Unión Europea se debe a la caída de ingresos al estado, consecuencia del descenso de la actividad económica.
La crisis en España ocurrió como consecuencia de la desregulación de los mercados financieros y su alianza con la altamente especulativa industria inmobiliaria, una alianza responsable de la burbuja inmobiliaria que, al estallar, determinó la crisis económica.
Las clases medias y el mundo empresarial, que se habían endeudado hasta la médula, no pudieron conseguir crédito, y ello provocó la ralentización económica, el crecimiento del déficit y el aumento del desempleo.
Decir pues que el déficit y la deuda provocaron la ralentización económica es un absurdo económico empíricamente comprobable.
Es el colapso del mercado de crédito el que creó el problema, cuyas consecuencias son el enorme desempleo.
Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública.
Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses.
Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando.
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a la ciudadanía y a las empresas que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
Una situación idéntica se está dando ahora. Los mercados financieros especuladores están castigando a los países con elevados déficits (comenzando por Grecia e incluyendo también a España), forzándoles a reducir sus gastos públicos.
Y, como era de prever, los medios y economistas liberales están alabando y dando la bienvenida a estos mercados, pues así disciplinarán a los gobiernos que, con sus “exuberancias” de gasto público, están poniendo al euro en peligro.
Una vez más, se exige a las clases populares de estos países que hagan sacrificios, reduciendo su gasto público para poder salvar el euro y la UE, que están en peligro debido a los excesos de gasto de los países “periféricos”, como España.
Pero, por otra parte, el enorme enriquecimiento de las rentas superiores no significó un aumento en inversiones productivas, sino en actividades especulativas cuyo centro fue el complejo bancario-inmobiliario, enormemente especulativo, que creó la burbuja inmobiliaria, que al romperse colapsó el mercado crediticio, causa del problema económico cuya consecuencia es el brutal aumento del desempleo.
En definitiva, lo que en realidad se está haciendo es tomar como excusa la necesidad de salvar el euro para reducir todavía más al Estado.
Sin duda alguna aumentar significativamente el gasto público, en inversiones que creen empleo, siendo una de ellas en los servicios del estado del bienestar tales como sanidad, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social y educación, entre otros, sectores que tienen menos empleo público que el promedio de los países de la UE (España 13.35% de la población activa, UE-15 17.34% de la población activa, en 2006).
Por cierto, gasto público social no es sólo pensiones y gastos en cobertura de desempleo.
Cuando el gobierno Zapatero indica que sus políticas mantienen el gasto social, ignora que el gasto público social incluye no sólo las transferencias (seguro de desempleo), sino también los servicios públicos del estado del bienestar que están siendo recortados al reducirse las aportaciones del gobierno central a las CCAA y a los Ayuntamientos, que son las que gestionan tales servicios.
Tal expansión del gasto público debiera hacerse mediante un aumento de los impuestos directos a las rentas más altas, aumentando la progresividad fiscal y luchando a brazo partido contra el fraude fiscal, no solo como un elemento de equidad, sino también de eficiencia económica.
Sabido es que los países del Sur de Europa tienen sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB).
Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos.
Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases medias se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.“
O sea que estamos más atrasados por nuestra mala gestión y poca sensibilidad social, y nos piden que profundicemos en eso: en mayores desigualdades y en congelar sueldos y pensiones!!!
En definitiva, nos dejamos apretar por las grandes corporaciones y los bancos, en vez de que sea al revés y estas instituciones se comprometan a contribuir mejor económicamente para el desarrollo de nuestros gobiernos.
Asimismo, debería llegar crédito de una vez a las PIMES, las principales generadoras de empleo que están sufriendo en carne propia los efectos del excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros.
Nos están proponiendo las mismas políticas de austeridad que el presidente Hoover propuso para resolver la Gran Depresión, cuando lo que se necesita es precisamente lo contrario, tal como hizo el presidente Roosevelt estableciendo el New Deal.
Un gobierno socialdemócrata debería ser sensible a este cambio de rumbo, pues la continuación de sus políticas de apaciguamiento de los mercados especulativos, reduciendo el gasto público es, además de erróneo, políticamente suicida.
Cuando los economistas liberales hablan de la necesidad de hacer sacrificios con el objetivo de salir de la crisis, siempre proponen medidas que afectan de forma predominante a las clases medias y esta apelación al sacrificio de la mayoría ha sido una constante en la construcción de Europa y del euro.
Así, cuando se tomó la decisión de que España entrara el euro, se tomaron una serie de medidas que afectaron significativamente al gasto público y a la caída de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, mientras que las rentas del capital crecieron significativamente.
En realidad, la integración monetaria se utilizó para que las clases populares aceptaran hacer los sacrificios que aquellas élites liberales exigían.
Como escribió el economista liberal Xavier Sala i Martín, “la excusa de que Europa lo requería fue muy útil para hacer las reformas” (La Vanguardia, 17-02-10).
Ahora, de nuevo, todas estas medidas se presentan necesarias para ayudarnos a salir de la Gran Recesión y evitar también el contagio a otros países de la UE y, por ende, cuestionar la propia existencia de la unidad monetaria y del euro.
En este sentido, el paquete de medidas tomadas por el Gobierno Zapatero en el Real Decreto aprobado en la “Semana Trágica” creo que son un buen ejemplo de ello, ya que han obedecido al diktat del establishment económico y financiero internacional y a la presión del Directorio Europeo y de los grandes inversores financieros internacionales, y en concreto a las exigencias de los Estados Unidos y la China.
Todos ellos indican que hay que reducir el déficit y la deuda pública que según dicen, están impidiendo la recuperación económica.
Pero el mayor problema que tiene la economía española, y también la Unión Europea, no es ni el déficit ni la deuda pública sino el elevado desempleo.
Creer que bajando el déficit y la deuda van a reducir el desempleo es no entender cuál ha sido la causa del enorme crecimiento del desempleo, ya que no es el déficit el que ha creado el elevado desempleo sino precisamente al revés.
Pero no es sólo eso, sino que en realidad, al disminuir el déficit crecerá el desempleo, empeorando todavía más el problema y retrasando su recuperación económica.
Ya le pasó en su día al Presidente Roosevelt en 1937, cuando al creerse que estaba ya remontando la economía, saliendo de la Gran Depresión, redujo el déficit recortando el gasto público. La reducción tuvo un impacto inmediato: el desempleo creció de nuevo, y esto es lo que ocurrirá en la UE y en España.
El mensaje que se transmite con esta avalancha catastrofista es que los países periféricos, debido a su indisciplina por un lado, y excesiva exhuberancia del gasto público, por el otro, han creado un enorme problema de exceso de deuda (tanto pública como privada), que dificulta la salida de la recesión, no sólo de ellos, sino de toda la eurozona y de la UE, amenazando la propia viabilidad del euro.
No obstante, hay que saber que la deuda pública española, tanto la existente ahora como la que se prevé en diez años, será menor que la del promedio de la UE (y mucho menor que en EEUU, Gran Bretaña y Japón).
En realidad, más de la mitad del crecimiento del déficit en la mayoría de países de la Unión Europea se debe a la caída de ingresos al estado, consecuencia del descenso de la actividad económica.
La crisis en España ocurrió como consecuencia de la desregulación de los mercados financieros y su alianza con la altamente especulativa industria inmobiliaria, una alianza responsable de la burbuja inmobiliaria que, al estallar, determinó la crisis económica.
Las clases medias y el mundo empresarial, que se habían endeudado hasta la médula, no pudieron conseguir crédito, y ello provocó la ralentización económica, el crecimiento del déficit y el aumento del desempleo.
Decir pues que el déficit y la deuda provocaron la ralentización económica es un absurdo económico empíricamente comprobable.
Es el colapso del mercado de crédito el que creó el problema, cuyas consecuencias son el enorme desempleo.
Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública.
Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses.
Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando.
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a la ciudadanía y a las empresas que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
Una situación idéntica se está dando ahora. Los mercados financieros especuladores están castigando a los países con elevados déficits (comenzando por Grecia e incluyendo también a España), forzándoles a reducir sus gastos públicos.
Y, como era de prever, los medios y economistas liberales están alabando y dando la bienvenida a estos mercados, pues así disciplinarán a los gobiernos que, con sus “exuberancias” de gasto público, están poniendo al euro en peligro.
Una vez más, se exige a las clases populares de estos países que hagan sacrificios, reduciendo su gasto público para poder salvar el euro y la UE, que están en peligro debido a los excesos de gasto de los países “periféricos”, como España.
Pero, por otra parte, el enorme enriquecimiento de las rentas superiores no significó un aumento en inversiones productivas, sino en actividades especulativas cuyo centro fue el complejo bancario-inmobiliario, enormemente especulativo, que creó la burbuja inmobiliaria, que al romperse colapsó el mercado crediticio, causa del problema económico cuya consecuencia es el brutal aumento del desempleo.
En definitiva, lo que en realidad se está haciendo es tomar como excusa la necesidad de salvar el euro para reducir todavía más al Estado.
Sin duda alguna aumentar significativamente el gasto público, en inversiones que creen empleo, siendo una de ellas en los servicios del estado del bienestar tales como sanidad, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social y educación, entre otros, sectores que tienen menos empleo público que el promedio de los países de la UE (España 13.35% de la población activa, UE-15 17.34% de la población activa, en 2006).
Por cierto, gasto público social no es sólo pensiones y gastos en cobertura de desempleo.
Cuando el gobierno Zapatero indica que sus políticas mantienen el gasto social, ignora que el gasto público social incluye no sólo las transferencias (seguro de desempleo), sino también los servicios públicos del estado del bienestar que están siendo recortados al reducirse las aportaciones del gobierno central a las CCAA y a los Ayuntamientos, que son las que gestionan tales servicios.
Tal expansión del gasto público debiera hacerse mediante un aumento de los impuestos directos a las rentas más altas, aumentando la progresividad fiscal y luchando a brazo partido contra el fraude fiscal, no solo como un elemento de equidad, sino también de eficiencia económica.
Sabido es que los países del Sur de Europa tienen sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB).
Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos.
Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases medias se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.“
O sea que estamos más atrasados por nuestra mala gestión y poca sensibilidad social, y nos piden que profundicemos en eso: en mayores desigualdades y en congelar sueldos y pensiones!!!
En definitiva, nos dejamos apretar por las grandes corporaciones y los bancos, en vez de que sea al revés y estas instituciones se comprometan a contribuir mejor económicamente para el desarrollo de nuestros gobiernos.
Asimismo, debería llegar crédito de una vez a las PIMES, las principales generadoras de empleo que están sufriendo en carne propia los efectos del excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros.
Nos están proponiendo las mismas políticas de austeridad que el presidente Hoover propuso para resolver la Gran Depresión, cuando lo que se necesita es precisamente lo contrario, tal como hizo el presidente Roosevelt estableciendo el New Deal.
Un gobierno socialdemócrata debería ser sensible a este cambio de rumbo, pues la continuación de sus políticas de apaciguamiento de los mercados especulativos, reduciendo el gasto público es, además de erróneo, políticamente suicida.
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